Nueva Ley de Costas (enero - 2013)

El pasado 13 de diciembre de 2012, el Proyecto de reforma de la Ley de Costas fue aprobada en el Congreso de los Diputados. PSOE, Izquierda Plural, UpyD, Compromís y ERC presentaron cinco enmiendas que fueron tumbadas por el voto mayoritario del PP. La Ley de Costas tiene en teoría estas finalidades: • Realizar el deslinde entre propiedad privada y el dominio público marítimo-terrestre. • Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre. • Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. En teoría, porque la nueva reforma modifica el deslinde histórico del litoral y favorece la privatización del dominio público marítimo-terrestre. A causa de ésto se reduce el uso del dominio público y se aumenta la probabilidad de contaminación del mar y de las playas. La Ley de Costas de 1988 siempre ha tenido que lidiar con la situación de las construcciones previas a esa fecha y con la imparable presión urbanística del sector inmobiliario. Estos factores la han convertido en una ley débil y maleable. Además, desde hace años, las administraciones han utilizado criterios dispares para calificar las propiedades y marcar los deslindes. José Ortega, portavoz de la plataforma nacional de afectados por la Ley de Costas, denuncia la aplicación arbitraria de la norma que el “Gobierno utiliza e su propio beneficio y aplicándola con carácter retroactivo, a pesar de estar prohibido por la Constitución”. Sirva de ejemplo el área residencial Los Arenales del Sol (Elche), 19 torres de apartamentos que se hicieron encima de una duna y que ahora se quieren derribar. Caso contrario es el Parador Luis Vives, edificio oficial levantado sobre una duna sobre el que Gobierno no dice nada. Tampoco se ha metido nadie con las torres de Marina D’Or, pantallas arquitectónicas prohibidas en la Ley de Costas. El Gobierno podría haber aprovechado la crisis inmobiliaria y la consecuente reducción de la presión urbanística sobre el litoral para aplicar la ley en todo su contenido o de forma más igualitaria, pero da la impresión de que lo que ha hecho es aprovechar esta ocasión para debilitarla y favorecer intereses particulares. Al menos esa es la opinión general de los medios de comunicación. La nueva reforma de la Ley de Costas introduce cambios significativos en en dos factores clave: en el aumento de prórroga de las concesiones y en la limitación de la definición de dominio público marítimo-terrestre. En primer lugar, la mayoría de concesiones vigentes para establecimientos, comercios o propiedades en dominio público marítimo-terrestre caducaban en 2018. Mediante la nueva ley todas estas propiedades pueden optar a una prórroga de 75 años. Es decir, los antiguos propietarios acceden a estas larguísimas concesiones sin previo paso por un concurso, lo que equivale a decir que el Gobierno, en vez de analizar cada caso y demoler los que infrinjan la Ley de Costas, lo que hace es lavarse las manos. No está claro cuál es el criterio para establecer 75 años, período excede de sobra cualquier previsión de amortización financiera y tecnológica. En segundo lugar, la reforma limita la definición de dominio público marítimo-terrestre y urge a su revisión si no se han cumplido unos criterios bastante difíciles de comprobar. Para determinar el deslinde en la Ley originaria se utilizó como referencia el nivel del mar durante los mayores temporales conocidos. A partir de ese límite en la mayoría de los casos se trazaron 100 metros de dominio público. A partir de ahora se insta a revisar esos límites en los lugares donde el temporal no haya alcanzado esa marca 5 veces en los últimos 10 años. No obstante, no existe un registro fiable del nivel que alcanzó el mar en todos los temporales en los últimos 10 años. La nueva Ley además modifica la inclusión de las dunas en el dominio público. Anteriormente se incluían todas las dunas excepto las ya fijadas por la vegetación que no tenían influencia en la contención de la playa. Ahora la definición es más laxa y excluye además dunas artificiales y muertas. De este modo, toda duna que no contribuya a la estabilidad y defensa de la playa podrá ser urbanizable. Este criterio es más subjetivo. La nueva Ley también exime del dominio público a los terrenos que puedan ser inundados artificial y controladamente para cultivos marinos y salinas. Esto terrenos normalmente se inundan naturalmente a causa de las mareas y siempre se han explotado en régimen de concesión. Según la opinión general, la ley en este aspecto no es más que un favor a ciertas personas bien relacionadas con los círculos del poder. Para los que quieran investigar más, Greenpeace a realizado un interesante informe sobre las conexiones entre políticos y grandes empresarios a los que favorecen las reformas de la Ley de Costas. En Formentera, uno de los litorales mejor conservados de España, se aplicará un criterio diferente de dominio público, más laxo, "con carácter excepcional y debido a la especial configuración de la isla". El deslinde no llegará allí hasta donde alcanzan los mayores temporales conocidos sino los ordinarios. Medio Ambiente considera que es un caso único y que si aplicara la ley vigente la mayoría de los habitantes de la isla pasarían a ser concesionarios. Además, en las rías se podrá aplicar una servidumbre de protección menor, de 20 metros en lugar de los 100 establecidos para aquellos suelos que no eran urbanos en 2011. Así salva núcleos rurales gallegos como los de Marin. Sin embargo, lo que más ha sorprendido de la nueva Ley es la exclusión del dominio público de diez núcleos de población que suman 10.000 viviendas y entre los que se encuentran El Palo (Málaga), las viviendas de Oliva en Valencia o la marina de Empuriabrava. Si bien es consecuente que el Gobierno regularice la situación de estos enclaves, lo que no puede hacer es utilizar criterios cuestionables para ello. Desde 1988 han sido numerosas las demoliciones de núcleos poblacionales que infringían la normativa. Además en la actualidad existen otros muchos que se asemejan en condiciones a los "indultados". No está claro porqué el Gobierno ha elegido esos y no otros. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, opinó que la reforma de la ley da "seguridad jurídica" y no desprotege el litoral, que es "un activo a conservar": "No se va a poner un ladrillo más, pero sí se va a poder reparar y mejorar lo que ya existe". Sobre los diez enclaves elegidos, los califica como "núcleos tradicionales a los que no se le había dado respuesta" adecuada. Cabe la pregunta de qué tipo de seguridad jurídica se consigue con esta reforma si se debilita la definición de dominio público marítimo-terrestre y se permite la construcción sobre unos criterios más subjetivos. También nos preguntamos si la reforma protege más el litoral si favorece la privatización y reduce los deslindes. Finalmente, existe la duda sobre si de verdad no se va a poner “un ladrillo más” sobre el dominio público marítimo-terrestre.