La Ley de Montes define oficialmente el término como “procedimiento voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales”.
Nuestra sociedad ha avanzado espectacularmente en los dos últimos siglos. La población mundial ha tenido un fuerte incremento y han aumentado las necesidades de uso y consumo de recursos naturales de buena parte de ella.
En Europa, como promedio, una población de un millón de habitantes consume diariamente más de 11.000 toneladas de combustibles fósiles, 320.000 toneladas de agua y 2.000 toneladas de alimentos. Son datos que aún más, por su magnitud, resultan alarmantes. Además, el problema se agrava debido a que el crecimiento demográfico se acentúa, la esperanza de vida se alarga y existe el más que comprensible deseo de mejorar el nivel de vida, aspiración que es cada vez más fuerte e intensa, sobre todo en las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Este escenario ha obligado a perfeccionar los métodos de planificación y a mejorar las técnicas de investigación, producción y aprovechamiento de los recursos, especialmente de los que están sujetos a ciclos largos, como pueden ser los forestales.
Es difícil encontrar otro campo en el que sea más necesaria una correcta planificación y la aplicación de técnicas apropiadas como en la actividad forestal, que produce permanentemente bienes incalculables para la sociedad, como pueden ser la mejora de la calidad del aire, el mejor aprovechamiento del agua, la estabilidad de los suelos o la biodiversidad entre otros. Los ecosistemas forestales requieren plazos muy largos para que se evidencie el efecto de una buena gestión o los errores que hayan podido cometerse en su gestión.
Un daño cometido en el monte en pocas horas o días, podrá requerir de años y hasta siglos para poder ser enmendado como sucede en el caso de los incendios forestales.
Fruto de esta tarea gestora sobre nuestro entorno natural, la Ordenación de Montes surgió ante la escasez de productos forestales, con el fin de frenar la destrucción de los bosques y asegurar su continuidad para las futuras generaciones.
Las técnicas y métodos desarrollados a lo largo de casi tres siglos han demostrado su operatividad no sólo en la organización de la producción maderera de los montes, sino también en la gestión de las masas forestales con fines de protección o de uso social.
Gestión forestal sostenible
El concepto de “desarrollo sostenible” tiene su origen en el Informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Económico llamado “Nuestro Futuro Común” (1987) y conocido popularmente como Informe Brundtland, donde se definió como “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
En la Conferencia de Río en 1992 se comenzó a utilizar la expresión “gestión forestal sostenible” y, desde entonces, este concepto ha sido objeto de atención en multitud de foros internacionales. Uno de ellos, la Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques en Europa, celebrada en Helsinki en 1993, definió la gestión forestal sostenible como la administración y el uso de los bosques y los terrenos forestales en forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para desempeñar, ahora y en el futuro, importantes funciones ecológicas, económicas y sociales, a escala local, nacional y mundial, y sin causar perjuicio a otros ecosistemas (Resolución H1 de la Conferencia de Helsinki, 1993).
Pero la idea de salvaguardar los recursos naturales para las generaciones futuras no es una inquietud reciente. En España, Lucas Olazábal, en 1883, expresaba de manera explícita esta preocupación, aunque probablemente referida sobre todo a la madera como recurso. Colbert, en la Ordenanza Forestal Francesa de 1669, o el alemán Hartig en 1804, también mostraron la misma preocupación.
En España las primeras referencias que encontramos sobre Ordenación de Montes se encuentran en las Ordenanzas de Fernando VI, de 1748, y posteriormente en 1833 en las Ordenanzas Generales de Montes.
Las primeras Instrucciones de Ordenación de los Montes Públicos datan de 1865, habiendo sido posteriormente promulgadas nuevas Instrucciones en 1890, 1930 y 1970. En ellas ya se ajustaban los aprovechamientos de los montes al principio de persistencia sostenida de los recursos forestales renovables, dando origen al tradicional concepto de los forestales españoles del “aprovechar conservando”.
El éxito de los métodos aplicados ha propiciado que, en los países desarrollados, el objetivo original de defender los bosques existentes y restaurar parte de las zonas degradadas se haya cumplido en mayor o menor medida. En la actualidad, una vez satisfechas las necesidades en producciones directas, la sociedad desea usar sus montes para una multiplicidad de funciones y la gestión forestal debe reflejar este cambio, además de aplicar plenamente el objetivo de la sostenibilidad.
Así, el concepto de desarrollo sostenible se basa en tres pilares: la conservación del medio ambiente, el desarrollo económico y la cohesión social. En ese sentido, la gestión forestal sostenible supone una ampliación de los objetivos clásicos de persistencia, rendimiento sostenido y máximo de utilidades para poder adoptar un enfoque en el que se consideren aspectos como la población de los espacios forestales, la conservación del suelo, la calidad del agua o la diversidad biológica y paisajística, entre otros.
Frente a estos retos el Ministerio de Medio Ambiente inició un proceso de reforma de la política forestal española que se materializó, en un primer momento, en la Estrategia Forestal Española (aprobada en 1999) y posteriormente en la redacción del Plan Forestal Español (aprobado en 2002), para que articule y sitúe en el tiempo y en el espacio las líneas políticas definidas en la Estrategia así como la consecución de los apoyos institucionales que permitan realizar dicha reforma, para finalizar con la redacción y aprobación de la Ley 43/2003 de Montes.
Certificación forestal
En aquella Estrategia Forestal Española ya se hacía mención a lo que supone la certificación forestal diciendo: “Los sistemas de certificación forestal y de etiquetado son instrumentos basados en el mercado y dirigidos primordialmente a fomentar la gestión sostenible de los bosques y la utilización de productos forestales procedentes de fuentes renovables y sostenibles.”
Así pues, la certificación forestal es una herramienta que pretende vincular de forma directa el comercio de los productos forestales con la gestión sostenible de los bosques de los que proceden, permitiendo que el consumidor diferencie qué bienes son aquellos en los que durante su fabricación se han utilizado materiales procedentes de montes ordenados y gestionados de forma sostenible.
La Ley de Montes define oficialmente el término como “procedimiento voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales”.
La certificación forestal es sin duda la mejor alternativa para asegurar el origen de los productos forestales, frente a los boicots a la importación de madera tropical promovida por ONG en el pasado, y la proliferación de declaraciones de buena gestión, sin credibilidad, que crea confusión tanto a productores como a consumidores.
Los montes españoles se ven afectados por numerosos problemas que van desde la falta de planificación y ordenación de los recursos o prácticas forestales inadecuadas, hasta la falta de participación de la comunidad local o la pérdida de diversidad biológica.
En España conviven dos sistemas de Certificación Forestal, ambos de aplicación internacional:
- FSC o Forest Stewardship Council, cuyo ámbito de aplicación es mundial.
- PEFC o Paneuropean Forest Certification, con un ámbito de aplicación que inicialmente estuvo centrado básicamente en Europa aunque actualmente es de aplicación mundial.
Se trata de los dos únicos sistemas internacionales que pueden respaldar proyectos nacionales.
FSC
El FSC- Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal), es una organización independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro, que fue creada en 1993, un año después de la cumbre de Río, con el propósito de aplicar las resoluciones de la misma a las masas forestales de todo el planeta y su entorno.
Esta organización internacional es, organizativamente, una asociación de miembros cuya instancia superior es la Asamblea General, formada por tres cámaras (económica, social y ambiental) todas ellas con el mismo peso en número de votos. Cada cámara está dividida en dos sub-cámaras que se reparten de forma ecuánime el poder de decisión: 50% para miembros de países del “Norte” y 50% para países del “Sur”.
Su objetivo es promover una gestión forestal que sea económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente apropiada en los bosques de todo el mundo; para lo cual trata de coordinar un marco global de trabajo y de actuar como sistema de acreditación de entes certificadoras.
WWF/Adena viene apoyando y trabajando en la promoción del sistema de certificación FSC desde 1996. La labor de esta organización durante todos estos años ha sido la de coordinar y apoyar la constitución del denominado Grupo de Trabajo para la Elaboración de los Estándares Españoles de Gestión Forestal para la Certificación FSC (GT), desempeñando la función de Secretaría del mismo, una vez formado.
Transcurridos casi 13 años de intenso trabajo, actualmente el sistema cuenta con Estándares Españoles aprobados por FSC en enero de 2006. Dichos Estándares se han revisado recientemente para incluir indicadores específicos para SLIMF. Dicha revisión fue aprobada por los Servicios de Acreditación de FSC Internacional (ASI) en marzo de 2008.
PEFC
El PEFC- Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, que inicialmente se llamó Paneuropean Forest Certification nace el 30 de junio de 1998 como alternativa a la rápida expansión del FSC en Suecia.
El PEFC se definió a raíz de las conferencias interministeriales de Helsinki (1993) y Lisboa (1998), en las que los ministros europeos (representando entonces a los gobiernos de 37 países) adoptaron los Criterios e Indicadores Paneuropeos de la Gestión Forestal Sostenible.
Y por ello, el desarrollo del proceso PEFC fue recomendado por el Comité Económico y Social, órgano consultivo de las Instituciones de la Unión Europea, a través de su Dictamen 1138/99.
Estos Criterios e Indicadores admiten la mejora continua, pudiendo ser revisados cada cinco años, y permiten evaluar la implantación de la Gestión Forestal Sostenible (GFS).
El PEFC proporciona el marco para el desarrollo de los principios comunes para la certificación. También establece los mecanismos para el reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación desarrollados por los distintos países participantes. Y por último, ofrece una marca colectiva, el logo PEFC, que garantiza que el producto forestal proviene de un bosque gestionado con criterios de sostenibilidad.
En el proceso PEFC, entidades independientes, oficialmente autorizadas y totalmente ajenas a PEFC, se aseguran y certifican por escrito que los productos marcados con el sello PEFC proceden de montes gestionados de manera sostenible.
Esto último, que afecta a los ámbitos medioambiental, económico y social, quiere decir que la gestión de dichos montes se ha llevado a cabo fijando objetivos de conservación del medio ambiente, mejora de la productividad y promoción del desarrollo socioeconómico en el entorno rural, según los Criterios Paneuropeos definidos por las Resoluciones de las Conferencias Ministeriales ya mencionadas sobre la Protección de Bosques en Europa.
El sistema PEFC representa actualmente casi el 70% de la superficie certificada en el mundo.
PEFC ha impulsado el proceso de globalización de este Sistema, convirtiéndose en el líder mundial en cuanto a número de hectáreas certificadas, al representar actualmente casi el 70% de la superficie certificada, con más de 200 millones de has en todo el mundo.
PEFC-España certifica la gestión forestal sostenible de acuerdo con una serie de normas UNE- 162.000 de GFS elaboradas en el seno de AENOR, en un proceso abierto a todas las partes implicadas. Estas normas desarrollan los criterios e indicadores paneuropeos según los cuales entidades independientes a PEFC-España certifican en el Estado español. La acreditación de las entidades facultativas para certificar los bosques y sus productos por el esquema PEFC-España corre a cargo de ENAC.
Los datos que presentan ambos sistemas son alentadores y demuestran el interés con el que ha acogido el sector forestal esta nueva herramienta.
La tabla siguiente resume los porcentajes de superficie certificada frente a los totales de España.
Nuestro país se encuentra entre los quince países con más hectáreas certificadas en el mundo según el ranking elaborado por PEFC Council. Dicho ranking está encabezado por Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Australia, Suecia, Noruega y Alemania. Sin embargo, el porcentaje nacional de superficie certificada sigue siendo pequeño (6'06%PEFC+0,71% FSC) respecto a la superficie forestal arbolada en términos absolutos. Pero si tuviéramos en cuenta el hecho de que toda aquella superficie certificada debe tener actualizados los documentos de gestión forestal (ordenación, plan técnico, etc), el 7% se convierte en un dato importante ya que partíamos de valores inferiores al 1%.
El apoyo que están recibiendo ambos sistemas por parte de las Administraciones Públicas se convierte en vital para que ambos procesos continúen avanzando.
La fiabilidad de la gestión de los recursos naturales que se lleva a cabo es importantísima de cara a la potenciación de los mismos, como materiales renovables, frente a otras materias primas que tanto en su producción como al final de su vida útil generan contaminantes y residuos que perjudican nuestro entorno.
Un buen conocimiento del logo mejorará la opinión pública sobre el empleo de madera y los aprovechamientos forestales, que no son más que una parte de la gestión forestal sostenible.
A su vez, este impulso podrá aprovecharse en la creación de políticas forestales más activas, que repercutirán en un fortalecimiento del sector, así como en beneficios ambientales, económicos y sociales, como consecuencia de lo primero, sobre todo en las zonas rurales.
Consecuencias positivas de la certificación forestal
En general, las consecuencias positivas de la certificación forestal para la sociedad son:
- La conservación y mejora de las masas forestales.
- La mejora de la competitividad, al dotar a los productos de garantías medioambientales.
- La generación de empleo gracias a los productos del monte que, además de la madera, son: pastos, resinas, corcho, leña.
- El desarrollo de las poblaciones rurales y de nuevas formas de ocio relacionadas con el disfrute de la naturaleza, ambas propiciadas por el cuidado del entorno.
- Optimización de la función de captura de CO2 atmosférico para la mitigación de los efectos del calentamiento global en su actuación como sumidero de CO2.
Los consumidores deben conocer el significado de estos logos y valorarlos adecuadamente. Para ello ambos sistemas deberán invertir en la promoción de los mismos, ya que los escasos estudios existentes de asociaciones de consumidores denotan, a día de hoy, un gran desconocimiento de los mismos.
La sociedad debe conocer que el 20% de las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera proviene, según datos de la FAO, de los bosques mal gestionados, la deforestación y la degradación de los suelos. Y que, al mismo tiempo, los bosques del mundo son capaces de fijar el 15% de las emisiones mundiales. Por tanto el asegurarnos una gestión adecuada y una puesta en valor de los productos y servicios obtenidos permitiría una mejora considerable de dichos porcentajes.
Es importante destacar que grandes grupos empresariales y cadenas de distribución están apostando por incluir productos con certificados forestales en sus políticas estratégicas medioambientales, facilitando la llegada al público de dichos productos.
Por último, cabe resaltar la importancia de impulsar la implantación universal de la certificación forestal y evitar, por otra parte, que las explotaciones más pequeñas y con menor acceso a las condiciones técnicas y económicas de los sistemas de certificación, se encuentren en inferioridad de condiciones en los mercados de productos forestales. Por este motivo las certificaciones Regionales o de Grupo son fundamentales en países como España en los que el número de pequeños propietarios suponen un alto porcentaje respecto al total. De otra manera, no podrían competir con los que dispongan de más medios y más capacidad organizativa.
En definitiva, la certificación es una garantía de calidad de gestión y los montes españoles gestionados correctamente como generadores de bienes de consumo deben ser distinguidos con esta etiqueta para estar presentes en los mercados y estar valorados como se merecen por los consumidores.
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